El 18 de julio de 1936 los
militares más conservadores del Ejército español se levantaron en armas contra
la República. Este acto significaba el fin del experimento democrático
realizado en España desde abril de 1931. La caída de la Dictadura del general Miguel
Primo de Rivera y el descrédito de la Monarquía habían posibilitado la
proclamación de la II República Española como panacea que pretendía sacar al
país de su histórico atraso. Sin embargo, los años que van desde 1931 a 1936 se
convirtieron en fiel reflejo de las contradicciones de la sociedad española. De
un lado muchos pedían un cambio social y económico profundo que acabara
definitivamente con el poder oligárquico en España. Del otro, ese mismo poder,
apoyado por el Ejército y la Iglesia, luchaba por defender su posición
privilegiada. Las elecciones de febrero de 1936 sólo sirvieron para dividir aún
más a los españoles y tras el triunfo del Frente Popular la oligarquía ya solo
tuvo fe en una acción salvadora del Ejército que librara a España de la anarquía
y la revolución. Se daba paso así a la Guerra Civil Española.
Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la
comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de
presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La
dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos
cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa
General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos
de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados, a pesar de que
algunos historiadores y juristes sostienen que hubo un genocidio en el que,
además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la
oposición política.
Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la
comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de
presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La
dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos
cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa
General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos
de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados, a pesar de que
algunos historiadores y juristes sostienen que hubo un genocidio en el que,
además de subvertir el orden institucional, se habría intentado exterminar a la
oposición política.
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